La nueva ley impulsada por Rivera Schatz amplía la participación del pleno en decisiones administrativas que han estado en manos de la jueza presidenta.
La gobernadora Jenniffer González Colón firmó el Proyecto del Senado 1096, del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, que establece una nueva Ley del Poder Judicial de Puerto Rico y sustituye la Ley de la Judicatura de 2003.
Uno de los cambios centrales de la reforma es la transferencia al pleno del Tribunal Supremo de decisiones administrativas que han recaído en la presidencia, entre ellas la designación de jueces administradores regionales. Esta redistribución de facultades ha sido el principal punto de controversia entre los promotores de la legislación y la jueza presidenta, Maite Oronoz Rodríguez.
Oronoz Rodríguez había solicitado públicamente que la gobernadora vetara la medida, al sostener que afecta las responsabilidades que la Constitución asigna a su cargo. También había señalado que evaluaba posibles acciones judiciales si el proyecto se convertía en ley.
Rivera Schatz ha defendido la autoridad de la Asamblea Legislativa para aprobar los cambios y rechazado los cuestionamientos de la jueza presidenta. Desde el Senado, la reforma se ha presentado como una reorganización dirigida a modernizar los tribunales y fortalecer la administración compartida entre el Supremo y su presidencia.
La legislación también elimina progresivamente la categoría de juez municipal para uniformar la composición del Tribunal de Primera Instancia. La transformación está vinculada al vencimiento de los nombramientos, según el análisis fiscal de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa.
Además, contempla cambios en las oficinas administrativas, la formación de jueces, los mecanismos alternos para resolver conflictos y los servicios de orientación ciudadana. Incluye disposiciones relacionadas con la traducción de decisiones judiciales y el funcionamiento de la práctica notarial.
Durante el trámite legislativo, la Cámara extendió a 120 días después de su aprobación el término para la entrada en vigor de la legislación y la adaptación de los reglamentos correspondientes.
