Millones de clientes sin acceso a sus cuentas, fondos públicos comprometidos y cuestionamientos sobre la supervisión bancaria desencadenaron una crisis que alcanzó a la Presidencia.
La intervención de Ueno Bank desató una crisis financiera y política en Paraguay que llevó al presidente Santiago Peña a presentar su renuncia y al Congreso a continuar un juicio político en su contra. Detrás del conflicto están los ahorros de cerca de tres millones de clientes, los depósitos de instituciones públicas y los vínculos previos del mandatario y del principal supervisor bancario con el entorno empresarial de la entidad.
Aunque Peña presentó su renuncia el jueves 5 de noviembre, esta no fue aceptada formalmente por el Congreso debido a la falta de cuórum para tramitarla. Por eso, continuaba oficialmente en la Presidencia mientras el Senado avanzaba en el proceso para determinar si corresponde destituirlo.
El origen inmediato de la crisis fue el anuncio del Banco Central del Paraguay de iniciar un procedimiento de resolución de Ueno Bank. La autoridad informó que, después de ajustes a sus estados financieros, el índice de solvencia de la institución había quedado por debajo de la mitad del mínimo requerido. En términos sencillos, el banco no contaba con el respaldo de capital exigido para absorber pérdidas y continuar operando bajo las reglas establecidas.
La medida dejó a sus clientes sin poder acceder a sus cuentas ni realizar sus operaciones habituales. La preocupación también alcanzó los depósitos del Instituto de Previsión Social, organismo que administra jubilaciones y prestaciones de salud. Para un puertorriqueño, la magnitud del problema puede entenderse como una crisis que afecta simultáneamente el dinero de familias, las transacciones de comercios y los recursos destinados a pensiones y servicios públicos.
Ueno es un banco privado. El Banco Central, en cambio, es la autoridad pública responsable de supervisar el sistema financiero. Esa diferencia es fundamental para comprender por qué el caso trascendió los problemas de una empresa y terminó comprometiendo al gobierno.
Tras la intervención, Peña pidió la salida del presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, quien anteriormente había dirigido la Financiera Ueno. Su trayectoria generó cuestionamientos sobre la independencia de la supervisión y sobre si las autoridades habían actuado a tiempo frente al deterioro de la entidad.
Peña también promovió medidas para comenzar a devolver los depósitos y sostuvo que la situación correspondía a una institución específica, sin que representara una crisis general de todos los bancos del país.
Sin embargo, los cuestionamientos alcanzaron al propio presidente por su participación anterior en Ueno Holding, relacionado con el grupo empresarial del banco. Peña ha sostenido que dejó esa inversión en 2025 y que su participación correspondía al holding, por lo que ha negado una vinculación directa con Ueno Bank.
Los legisladores que impulsaron el juicio político alegan conflictos de intereses, cuestionan el nombramiento de Carvallo y acusan al mandatario de permitir que fondos del Instituto de Previsión Social se concentraran en Ueno por encima de los límites legales. Esos señalamientos forman parte de la acusación y no equivalen a una sentencia penal.
El golpe político decisivo llegó cuando el Partido Colorado, la propia organización de Peña, respaldó su enjuiciamiento. La Cámara de Diputados aprobó la acusación con 78 votos, dejando al presidente sin el respaldo legislativo que podía sostenerlo frente a la oposición.
Peña presentó entonces su renuncia alegando que buscaba preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas. Sin embargo, al no completarse el trámite legislativo de su dimisión, el Senado continuó el juicio político.
La diferencia entre renunciar y ser destituido tiene consecuencias adicionales. Una destitución impediría que Peña accediera a la condición de senador vitalicio y a los fueros asociados, un asunto que adquirió relevancia ante las investigaciones judiciales relacionadas con el caso.
Este viernes 6 de noviembre, el Senado rechazó su solicitud de 72 horas adicionales para preparar la defensa. Peña no compareció personalmente y sus abogados denunciaron violaciones al debido proceso, mientras el procedimiento continuaba.
El caso reúne tres asuntos que deben examinarse por separado, la recuperación del dinero de los depositantes, las posibles fallas de supervisión y las responsabilidades de funcionarios y ejecutivos. El juicio político determina la responsabilidad del presidente en el ejercicio del cargo, mientras las investigaciones penales deben establecer si se cometieron delitos y quiénes participaron.
La crisis se convirtió en una prueba para las instituciones paraguayas. Los vínculos empresariales y el manejo de fondos públicos están bajo escrutinio, mientras los clientes esperan respuestas sobre cuándo y cómo podrán recuperar su dinero. La decisión sobre el futuro de Peña, por sí sola, no resuelve esas obligaciones.
