SAN JUAN — El pleito sobre la extensión del acuerdo suplementario de LUMA Energy va más allá de quién opera la red eléctrica. El Gobierno pide que se declare nula una extensión que sus propias entidades suscribieron en 2022, después de que la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas recibiera una opinión legal que avalaba el trámite utilizado para aprobarla. La decisión del Tribunal Supremo podría marcar hasta qué punto un inversionista puede confiar en los procedimientos que el propio Estado utiliza para contratar.
En su opinión del 28 de noviembre de 2022, el bufete Pietrantoni Méndez & Álvarez concluyó que extender el período interino de LUMA no constituía una nueva transacción bajo la Ley 29 y que bastaba el voto mayoritario de la Junta de Directores de la AAPP. El Gobierno sostiene ahora que faltaron aprobaciones exigidas por ley. La opinión del bufete no sustituye un requisito legal ni obliga al Supremo, pero documenta que la entidad encargada de las APP recibió asesoramiento jurídico que respaldaba el trámite antes de que se suscribiera la extensión.
El alcance del fallo será decisivo. Si el Supremo invalida la extensión por una condición particular del acuerdo de LUMA o por un requisito exclusivo del sector eléctrico, el efecto sobre otras alianzas sería más limitado. Pero si adopta una interpretación general sobre las aprobaciones que exige la Ley 29 para extender una APP, esa interpretación podría afectar otras prórrogas aprobadas bajo criterios semejantes. No se anularían automáticamente otros contratos, pero se abriría la puerta a nuevas impugnaciones y a revisar cómo se aprobaron extensiones que hasta ahora se daban por válidas.
Metropistas ofrece un punto de comparación. En 2016, la Autoridad de Carreteras y Metropistas firmaron una enmienda que amplió de 40 a 50 años la concesión de las autopistas PR-22 y PR-5. No fue una extensión idéntica a la de LUMA, pero demuestra que modificar el plazo de una alianza vigente no es una práctica exclusiva del sector eléctrico.
El impacto tampoco se limitaría a los contratos que lleguen a los tribunales. Si los inversionistas y sus financiadores perciben que una extensión aprobada por el Gobierno puede impugnarse años después bajo una interpretación distinta de los requisitos, podrían exigir mayores garantías, encarecer el financiamiento o decidir no competir por futuros proyectos. Ese costo también lo asumiría Puerto Rico.
La seguridad jurídica no exige sostener un acuerdo contrario a la ley. Sí exige claridad sobre qué requisito aplica, por qué y hasta dónde llega la decisión. Lo que está en juego no es solo el futuro de LUMA, sino la certeza con la que Puerto Rico podrá atraer inversión y contratar con el sector privado para sus próximos proyectos.
