EL CAPITOLIO — Una comisión del Senado examinó ayer, jueves 12 de noviembre, los atrasos en pagos a transportistas escolares, terapeutas y suplidores de alimentos durante una vista pública sobre IntegraPR, el sistema que utiliza el Gobierno para registrar presupuestos, tramitar facturas y procesar pagos.
En la audiencia, presidida por el vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos Santiago, comparecieron representantes de Deloitte Consulting LLP y de la Administración de Servicios Generales (ASG). Las partes ofrecieron explicaciones distintas sobre el origen de los problemas de la plataforma.
Ríos Santiago informó que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) aprobó una solicitud de $9 millones para atender pagos pendientes a transportistas escolares. La solicitud continuará su trámite ante la Junta de Supervisión Fiscal. El senador dijo que la investigación, realizada al amparo de la Resolución del Senado 429, busca identificar soluciones para los proveedores que llevan meses esperando por el pago de servicios prestados.
Deloitte confirma retraso en la fase de nómina
Ángel Quiñones Cardona, representante de Deloitte, atribuyó las principales dificultades a la conversión de datos y al uso de la plataforma por parte de las agencias. Indicó que, desde julio de 2026, IntegraPR ha procesado 80,692 facturas y que se han efectuado pagos por aproximadamente $5,950 millones a más de 7,000 suplidores.
En el Departamento de Educación, detalló que se han pagado 33,735 facturas por unos $353.8 millones. Al momento de la vista, 2,373 facturas de transportación escolar, por $7.4 millones, seguían sin pagarse en su totalidad. Quiñones Cardona explicó que la falta de fondos en algunas órdenes de compra podría ser una de varias causas de los atrasos.
Deloitte confirmó que la fase de Recursos Humanos y Nómina no estará lista para entrar en funcionamiento en enero de 2027, como estaba previsto. La firma atribuyó el retraso a la falta de información para probar los cálculos de nómina y beneficios, así como a integraciones pendientes con otros sistemas.
Quiñones Cardona reconoció que el Gobierno aún no ha completado los cierres financieros mensuales desde que IntegraPR comenzó a operar en julio. Tampoco precisó cuándo se normalizarían los pagos. Sobre el contrato, informó que su valor máximo subió de $73.1 millones a unos $86.4 millones tras 14 enmiendas y que se han pagado aproximadamente $67.6 millones.
Servicios Generales advierte sobre problemas en compras
La administradora de la ASG, Karla G. Mercado Rivera, señaló que su agencia había advertido sobre deficiencias en la configuración del sistema antes de que comenzara a operar. Indicó que algunas transacciones podrían estar clasificándose en partidas de gasto incorrectas, lo que dificultaría la preparación de estados financieros confiables.
Mercado Rivera también cuestionó el uso de registros desactualizados durante la migración de datos de suplidores. Según explicó, algunos proveedores han tenido dificultades para corregir su información, presentar facturas y completar transacciones. Añadió que Educación es la única agencia con el módulo de Compras completamente activado y que la ASG había advertido que ese componente no estaba listo para atender los requisitos del departamento.
Al concluir la audiencia, Ríos Santiago informó que la comisión prevé celebrar otra vista pública el 30 de noviembre. Para esa comparecencia se citará al Departamento de Hacienda, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS).
