EL CAPITOLIO (CyberNews) – Tres compañías interesadas en suplir gas natural a las centrales eléctricas de San Juan y Palo Seco rechazaron el jueves, negociar directamente con New Fortress Energy (NFE) y exigieron garantías de pago de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), según trascendió el viernes durante una investigación de la Cámara de Representantes sobre los incumplimientos contractuales de la empresa.
“Todos los suplidores están dispuestos a vender gas natural, pero ninguno está dispuesto a entregar su cargamento a NFE, ni contratar directamente con NFE el acuerdo de tolling. Por lo tanto, la AEE, a través de la (AAPP) tendría que ser la contraparte de NFE en ese acuerdo y comprar el gas natural al suplidor”, establece una ponencia de la Oficina de Compras de Terceros Independiente (3PPO).
La información surgió durante la tercera vista pública de la Comisión de Transportación e Infraestructura, presidida por el representante José Hernández Concepción, que investiga los incumplimientos de NFE en el suministro de combustible para la generación eléctrica.
Según el documento, la 3PPO mantiene conversaciones desde el 3 de noviembre con Crowley, Naturgy y Javelin, por instrucciones de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), para establecer acuerdos que permitan activar el mecanismo contractual de suministro alterno conocido como tolling.
Las compañías requieren garantías de pago antes de comprometer cargamentos de gas natural. Ante esa exigencia, la 3PPO solicitó orientación a la Junta Fiscal sobre la capacidad de la AEE para ofrecer esas garantías o asumir el riesgo financiero, debido a que permanece bajo un proceso de quiebra.
El presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico, Edison Avilés Deliz, explicó que una contratación a corto plazo tendría costos superiores a los del acuerdo vigente con NFE, aunque podría resultar más económica que utilizar diésel.
Avilés Deliz estimó que el gas natural adquirido mediante un contrato alterno podría costar aproximadamente 30 dólares por metro cúbico, frente a los 40 dólares del diésel y los 15 dólares establecidos en el contrato con NFE.
El funcionario sostuvo que existen argumentos para solicitar un remedio extraordinario ante el tribunal federal que permita atender la situación. También indicó que los costos adicionales todavía no se han facturado a los abonados y solicitó una auditoría de la AEE para determinar qué proporción de los gastos por el uso de diésel debe asumir NFE.
Por su parte, el abogado general de la AAPP, León Santa Crispín, informó que el Gobierno mantiene gestiones judiciales para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales de New Fortress Energy.
Santa Crispín indicó que el viernes, 13 de noviembre, acudirían al tribunal federal para conocer el estado de las negociaciones y procurar que NFE permita la participación de otras compañías en el suministro de gas natural.
Durante la vista, Hernández Concepción cuestionó que las agencias gubernamentales todavía no hayan iniciado los trámites para cancelar el contrato con NFE, pese a los incumplimientos que, según el legislador, representan un costo adicional de 1.2 millones de dólares diarios por la utilización de diésel.
“Esto no es personal, licenciado Santa, pero desde la primera vista me dicen que se estaba evaluando con urgencia la posible cancelación del contrato y hoy me contesta lo mismo; que hay urgencia y desde ese día han ocurrido dos situaciones que hace que ninguna de las compañías quiera sentarse con NFE para negociar, así que tiene los argumentos para cancelar este contrato”, expresó Hernández Concepción.
El legislador también rechazó que la empresa utilice argumentos de fuerza mayor para justificar la falta de entrega del combustible.
“Entiendo que ya es suficiente con el tema de NFE y entiendo que el evento de fuerza mayor es el mismo NFE, no es un huracán, no es una tormenta son ellos que han utilizado todos los mecanismos para justificar la falta de entrega de gas natural”, añadió.
Los representantes José Aponte Hernández y Nelie Lebrón Robles también criticaron la situación del suministro de gas natural y sus consecuencias para el sistema eléctrico de Puerto Rico.
