San Juan, Puerto Rico — La reforma al sistema de permisos del gobierno se ha convertido en un nuevo frente de batalla política en la isla, con la Junta de Supervisión Fiscal y el Ejecutivo alineados a favor del proyecto, mientras alcaldes de todos los partidos advierten que la medida podría debilitar seriamente a los municipios.
La Junta respaldó la iniciativa como un paso clave para impulsar el desarrollo económico y eliminar la burocracia, postura que coincide con la visión de la gobernadora Jenniffer González Colón, quien ha defendido el proyecto como una transformación urgente del sistema.
Pero en el nivel municipal, la reacción ha sido contundente. Alcaldes del PNP y del PPD coinciden en que la propuesta, tal como está redactada, podría quitarles control sobre decisiones clave de planificación, limitar su capacidad de fiscalización y, más preocupante aún, afectar sus ingresos.
Uno de los puntos más sensitivos es la posible centralización del cobro de arbitrios y patentes, lo que para los municipios representa un golpe directo a su estabilidad fiscal y a la prestación de servicios esenciales.
Sin embargo, el argumento más fuerte que se escucha desde los ayuntamientos va más allá del dinero: advierten que el proyecto podría imponerles nuevas responsabilidades sin los recursos necesarios para cumplirlas, creando un escenario de presión operacional que podría impactar directamente a las comunidades.
Mientras tanto, el gobierno insiste en que la reforma es necesaria para destrabar la inversión y modernizar el sistema, y ha iniciado conversaciones con los alcaldes para intentar suavizar el choque antes de que el proyecto avance en la Legislatura.
El pulso ahora es claro: desarrollo económico vs. autonomía municipal.
Y la pregunta que queda sobre la mesa es hasta dónde puede llegar esa centralización sin afectar la capacidad real de los municipios para gobernar.
