San Juan, Puerto Rico — El Negociado de Energía de Puerto Rico rechazó el aumento tarifario solicitado por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y LUMA Energy, pero aprobó una reestructuración en la tarifa eléctrica que reconoce la necesidad de mayores ingresos para sostener el sistema.
La determinación mantiene el ingreso requerido en alrededor de $1,700 millones anuales, mientras introduce cambios en la forma en que se distribuyen los costos entre los abonados. Aunque el regulador sostiene que la medida no representa un aumento directo en la factura promedio, sí implica un ajuste diseñado para generar más recaudos dentro del sistema eléctrico.
Los cambios aprobados incluyen un aumento en el cargo fijo mensual para los clientes residenciales, la integración de los costos de pensiones dentro de la tarifa base y ajustes en el costo por kilovatio hora. Además, se amplía la base de clientes que aportan al sistema, lo que permite redistribuir los costos de manera más amplia. Esta nueva estructura tarifaria entrará en vigor el 1 de julio de 2026.
La solicitud original de LUMA y la AEE se fundamentaba en la necesidad de cubrir gastos operacionales, mantenimiento de la red eléctrica y obligaciones estructurales como el pago de pensiones. Aunque el Negociado rechazó el aumento directo solicitado, su decisión reconoce que el modelo actual de ingresos no resulta suficiente para sostener el sistema.
En lugar de aprobar un alza tarifaria tradicional, el ente regulador optó por un enfoque distinto: redistribuir los costos existentes para lograr el mismo objetivo de recaudar más dinero sin presentar un aumento explícito en la tarifa general.
La determinación ha sido presentada públicamente como un rechazo al aumento tarifario. Sin embargo, en términos prácticos, la resolución no descarta la necesidad de mayores ingresos, sino que modifica el mecanismo mediante el cual estos se obtienen. El Negociado también tomó en consideración la disponibilidad de fondos federales para proyectos de reconstrucción y modernización del sistema eléctrico.
Para los consumidores, el impacto dependerá del nivel de consumo individual. Aunque el cargo fijo mensual aumentará, el costo por consumo podría reducirse, lo que implica una redistribución de los componentes de la factura más que un incremento uniforme en el costo del servicio.
La decisión, en su fondo, evidencia la presión financiera que enfrenta el sistema eléctrico de Puerto Rico. Aunque no se aprobó el aumento solicitado, la reestructuración tarifaria responde directamente a esa realidad y coincide con el planteamiento central de LUMA y la AEE sobre la necesidad de generar mayores ingresos para garantizar la operación y estabilidad del sistema.
