SAN JUAN — El contrato de generación temporera de Power Expectations terminó cancelado, pero su desaparición no cerró la controversia. Por el contrario, abrió una investigación mucho más incómoda para el aparato energético del Gobierno de Puerto Rico: determinar cómo información potencialmente decisiva permaneció durante semanas dentro de unas estructuras gubernamentales mientras otras continuaban procesando decisiones relacionadas con un acuerdo multimillonario.
La reconstrucción cronológica del caso revela una fractura en el flujo de información entre las entidades que intervinieron en la contratación.
El contrato, destinado a incorporar hasta 400 megavatios de generación temporera en Aguirre, fue suscrito el 10 de junio. Enchanted Rock figuraba como una de las compañías que integraban el consorcio encabezado por Power Expectations y su experiencia había tenido peso en la evaluación de la capacidad técnica y financiera del grupo.
Pero apenas una semana después comenzó a circular dentro del Gobierno una información que alteraba sustancialmente ese escenario.
El 17 de junio, representantes de ERock, matriz de Enchanted Rock, enviaron una comunicación a funcionarios de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y a la estructura de 3PPO en la que cuestionaron la participación de la compañía en el contrato y formularon serias alegaciones sobre la manera en que su nombre terminó incorporado al acuerdo.
Esas acusaciones son disputadas por Power Expectations y no constituyen por sí mismas determinaciones de fraude ni de conducta criminal.
Lo que resulta particularmente relevante para el examen gubernamental es otra cosa: la advertencia existía desde junio dentro de estructuras que participaban en el proceso contractual.
La Autoridad de Energía Eléctrica sostiene que no la conocía.
Mientras esa información permanecía sin llegar a la corporación pública contratante, continuó desarrollándose otro proceso igualmente importante: la salida de Enchanted Rock y su sustitución por Flotek Industries.
La secuencia adquirió mayor importancia a finales de julio.
El 29 de julio se celebró una reunión en la que participaron funcionarios y representantes vinculados al proyecto, incluyendo al zar de Energía y director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Josué Colón Ortiz; representantes de 3PPO; funcionarios de la AEE; Power Expectations y otras compañías relacionadas con el acuerdo.
La sustitución de Enchanted Rock estuvo sobre la mesa.
Según la versión presentada por la directora ejecutiva de la AEE, Mary Carmen Zapata, la controversia que había llegado al Gobierno desde junio no fue comunicada a la corporación pública durante aquella reunión.
Al día siguiente se produjo una recomendación favorable para aceptar a Flotek como sustituta. La AEE otorgó posteriormente su consentimiento.
La corporación pública sostiene que tomó esa determinación sin conocer todavía la controversia que rodeaba la participación de Enchanted Rock.
Ese punto transforma sustancialmente el caso.
Ya no se trata únicamente de determinar qué ocurrió entre Power Expectations y Enchanted Rock. El expediente obliga a examinar qué sabía el Gobierno, dónde estaba esa información y por qué una entidad que debía tomar decisiones sobre el contrato aparentemente no disponía de ella.
La controversia se agravó con otro elemento de enorme magnitud.
Power Expectations tenía que presentar una garantía de cumplimiento que superaba los $1,100 millones. Esa garantía no fue entregada conforme a los términos exigidos antes de que el proyecto comenzara a desmoronarse.
Para entonces, las interrogantes sobre la estructura del consorcio, la sustitución de uno de sus integrantes y el cumplimiento de obligaciones esenciales del contrato habían comenzado a acumularse.
Finalmente, la Junta de Supervisión Fiscal retiró su aprobación y la AEE procedió con la terminación del acuerdo.
Pero cancelar el contrato resolvió únicamente el problema inmediato.
Quedó pendiente reconstruir las decisiones.
La controversia obliga ahora a determinar quién recibió las comunicaciones, quién tuvo acceso a ellas, cómo fueron procesadas, qué funcionarios conocían su contenido y por qué esa información no llegó oportunamente a todas las entidades que continuaban interviniendo en el contrato.
También deberá establecerse si los mecanismos existentes para verificar las representaciones de los integrantes del consorcio funcionaron adecuadamente antes de comprometer al Gobierno con una transacción que podía alcanzar varios miles de millones de dólares durante su vigencia.
Las acusaciones formuladas entre compañías tendrán que probarse mediante los procesos correspondientes. Pero las deficiencias en la circulación de información gubernamental constituyen un problema separado.
Puerto Rico estuvo ante un contrato energético extraordinariamente grande. Varias entidades públicas participaron en diferentes etapas de su evaluación, autorización y ejecución. Una advertencia material llegó al Gobierno y, semanas después, la AEE sostiene que todavía desconocía su existencia mientras continuaba tomando decisiones.
Ese intervalo es ahora una de las piezas más importantes de la investigación.
El contrato desapareció. El mes perdido de Power Expectations todavía necesita explicación.
