SAN JUAN — El debate sobre el futuro de Esencia regresó este martes al Senado y volvió a concentrarse en dos asuntos que se han convertido en el centro de la controversia sobre el proyecto de Cabo Rojo: agua y electricidad.
Durante la vista pública, la capacidad de la infraestructura existente volvió a ocupar buena parte de la discusión. Las posiciones expresadas por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Energía Eléctrica han levantado interrogantes sobre la capacidad de los sistemas públicos para atender un desarrollo de esta magnitud.
Esencia respondió desde una premisa diferente: el proyecto no fue diseñado para depender de ellos.
Los desarrolladores defendieron ante el proceso legislativo un modelo de infraestructura propia que busca garantizar los servicios esenciales de una inversión estimada en $2,600 millones sin colocar su operación ordinaria en manos de sistemas públicos que enfrentan limitaciones.
Ahí estuvo uno de los principales contrastes de la discusión.
Si la infraestructura pública no puede garantizar capacidad adicional, Esencia sostiene que la solución no tiene que ser detener el desarrollo, sino permitir —sujeto a los permisos y controles correspondientes— que el inversionista construya y financie sus propias alternativas.
Esencia proyecta una demanda aproximada de 1.25 millones de galones diarios de agua potable para residentes, huéspedes, hospital y escuela. Su propuesta es que ninguno de esos galones provenga de la red de la AAA.
El proyecto contempla pozos profundos propios y tratamiento mediante una planta privada de ósmosis inversa. Para los campos de golf y áreas verdes propone utilizar principalmente agua reciclada y captación de lluvia, evitando destinar agua potable a ese propósito.
La controversia, por tanto, no desaparece. Se transforma.
Esencia tendrá que demostrar que la extracción propuesta es sostenible y que no perjudicará los recursos hídricos ni las comunidades de la región. Pero esa discusión es distinta a exigir que la AAA tenga capacidad para suplir un proyecto que afirma que no pretende solicitarle ese servicio.
En electricidad ocurre algo similar.
Esencia estima una demanda máxima cercana a 12 megavatios, mientras su diseño contempla hasta 68 megavatios de capacidad fotovoltaica, almacenamiento mediante baterías con hasta 16 horas de autonomía y generación privada de emergencia.
El proyecto plantea incluso que una eventual interconexión con la red pública pueda servir para transferir energía excedente hacia el sistema regional.
La comparecencia volvió así a plantear una pregunta que Puerto Rico tendrá que enfrentar más allá de Esencia.
¿Hasta qué punto puede condicionarse una nueva inversión a la capacidad de infraestructuras públicas que ya enfrentan dificultades para garantizar consistentemente servicios esenciales?
Los apagones continúan formando parte de la realidad cotidiana del país y miles de ciudadanos y empresas han invertido en placas solares, baterías y generadores para reducir su dependencia del sistema eléctrico. El abastecimiento de agua también enfrenta problemas de infraestructura y capacidad que se hacen particularmente visibles durante períodos de sequía.
En ese contexto, un endoso de las corporaciones públicas tampoco sustituiría la necesidad de que un desarrollo de esta escala cuente con mecanismos propios de resiliencia.
Esencia parece haber asumido precisamente esa realidad.
Que la infraestructura pública tenga limitaciones no necesariamente demuestra que Esencia sea inviable. Puede demostrar por qué el proyecto considera indispensable construir la suya.
Eso no libera al desarrollador de demostrar que sus alternativas funcionan. Los sistemas de agua deberán superar el análisis científico y ambiental correspondiente y la infraestructura energética tendrá que cumplir con todos los requisitos técnicos y regulatorios.
Pero fiscalizar una solución privada no es lo mismo que obligarla a depender de un sistema público que reconoce sus propias limitaciones.
Con una inversión proyectada de $2,600 millones y estimados de 17,000 empleos directos, indirectos e inducidos, la discusión que regresó hoy al Senado trasciende los límites de Cabo Rojo.
Puerto Rico tiene que decidir cómo manejar nuevas inversiones cuando su infraestructura pública no puede acompañarlas.
Una alternativa es detenerlas.
La otra es exigirles que construyan responsablemente las soluciones que el Estado no está en posición de garantizar.
Esencia llegó nuevamente al Senado defendiendo precisamente esa segunda ruta: si los sistemas públicos no pueden garantizar el agua y la electricidad que necesita una inversión de esta magnitud, el proyecto propone producirlas por su cuenta.
Y ese puede terminar siendo el verdadero debate que dejó la vista pública de hoy: si las deficiencias de la infraestructura de Puerto Rico deben continuar funcionando como un límite al desarrollo económico, aun cuando exista capital privado dispuesto a construir alternativas para no depender de ellas.
