DORADO — El Tribunal de Primera Instancia de Bayamón rechazó la demanda presentada por DBR Dorado Owner LLC para detener la construcción y solicitar la demolición del Hilton Garden Inn que desarrolla The Dawn Hotel at Dorado.
La jueza superior Begoña I. De Jesús Meléndez concluyó que DBR, entidad vinculada a los intereses de Federico Stubbe, conocía el proyecto desde 2020 y esperó más de cinco años para acudir al tribunal, cuando la construcción ya estaba sustancialmente adelantada y se habían comprometido más de $48 millones.
La decisión favorece a The Dawn Hotel at Dorado LLC, Paseo San Antonio Inc. y David Efrón, los tres demandados por DBR en el caso BY2026CV03783.
La determinación cierra la demanda actual ante el Tribunal de Primera Instancia, aunque DBR todavía puede solicitar reconsideración o acudir al Tribunal de Apelaciones.
Una sentencia contundente
La jueza determinó que DBR conocía “plenamente y en detalle” el desarrollo del proyecto desde 2020, pero no reclamó oportunamente la aplicación de las condiciones restrictivas que ahora invocaba para detenerlo.
“DBR actuó con dejadez y se cruzó de brazos”, sostuvo el tribunal al evaluar la conducta de la demandante.
La sentencia señala que DBR permitió que el proyecto continuara su curso, obtuviera permisos, consiguiera financiamiento y avanzara sustancialmente antes de acudir al tribunal. También indica que los motivos para presentar la demanda después de tantos años resultaban “cuestionables” y que el tribunal los observaba “con suspicacia”.
El tribunal concluyó que esa conducta proyectó que DBR no tenía problemas con el desarrollo y generó confianza en los demandados para continuar con el proyecto.
Conocimiento desde 2020
La sentencia adoptó como hecho no controvertido que Federico Stubbe Arsuaga se reunió el 24 de febrero de 2020 con los desarrolladores Gerard Gil Bonar y Gerard Gil Olazábal.
Durante esa reunión recibió una presentación escrita sobre el proyecto Hilton Garden Inn de Dorado y no formuló reparos.
El tribunal también determinó que una entidad relacionada con los intereses de los Stubbe presentó en agosto de 2020 una solicitud para intervenir en la consulta de ubicación del proyecto ante la Oficina de Gerencia de Permisos. Esa intervención fue retirada voluntariamente al mes siguiente.
La consulta de ubicación fue aprobada en noviembre de 2020 y posteriormente se emitieron permisos de construcción en 2020, 2024 y 2025.
La estructura era visible desde la carretera PR-693, donde ubican oficinas vinculadas a DBR y a los intereses de los Stubbe.
Apoyo para acelerar el financiamiento
Otra de las determinaciones más significativas de la sentencia se relaciona con una reunión celebrada en marzo de 2023 en el Departamento de la Vivienda.
Según el tribunal, Federico Stubbe González participó junto con Gerard Gil Bonar y otros desarrolladores en una reunión relacionada con los cuatro proyectos hoteleros acogidos al programa federal CDBG-DR.
La sentencia establece que Stubbe González no objetó el Hilton Garden Inn de Dorado. Por el contrario, favoreció que Vivienda acelerara el financiamiento de los cuatro proyectos, incluido The Dawn.
El tribunal también acogió declaraciones juradas según las cuales Stubbe Arsuaga expresó en 2025 que no tendría objeciones si el hotel se mantenía en cinco pisos. El proyecto finalmente contempla siete niveles.
DBR, sin embargo, no solicitó limitar su reclamo a los dos pisos adicionales. Su demanda procuraba paralizar permanentemente el hotel, demoler las estructuras construidas, restituir el terreno y declarar nula la escritura que liberó determinadas restricciones.
Más de $48 millones comprometidos
La sentencia validó las principales cifras reveladas anteriormente por Breaking News.
El proyecto contempla un hotel de siete niveles y 171 habitaciones. Su financiamiento incluye $30 millones aportados por quince cooperativas de ahorro y crédito de Puerto Rico y $18,439,000 provenientes del programa federal CDBG-DR.
La inversión total supera los $48 millones y la construcción ha generado aproximadamente 100 empleos.
El tribunal concluyó que acceder a la paralización y demolición solicitadas por DBR podía causar un daño grave a los demandados, al interés público y al desarrollo económico de Puerto Rico.
La jueza tomó en consideración los empleos comprometidos, los fondos recibidos, los permisos obtenidos y la incertidumbre que provocaría detener y demoler un proyecto autorizado y sustancialmente construido.
Abogados con perfil político entraron al pleito
Breaking News reveló anteriormente que, con el litigio ya avanzado y DBR representada legalmente, la parte demandante incorporó en septiembre a dos abogados de reconocida trayectoria política.
Ángel Cintrón García, exsecretario general del Partido Nuevo Progresista y asesor político vinculado a la administración de la gobernadora Jenniffer González, compareció el 6 de septiembre.
Al día siguiente se incorporó el expresidente del Senado Charlie Rodríguez Colón. Ninguno sustituyó a los abogados que ya representaban a DBR.
La entrada de Rodríguez generó atención por su relación profesional previa con José Ramón Izquierdo, esposo de la jueza De Jesús Meléndez.
Rodríguez e Izquierdo compartieron espacio profesional, y el exsenador ofreció una evaluación favorable sobre Izquierdo durante el proceso de consideración de su nombramiento para dirigir la Compañía de Turismo en 2017. Izquierdo finalmente no fue confirmado para el cargo.
La jueza De Jesús Meléndez fue confirmada como jueza superior en mayo de 2022, durante la administración de Pedro Pierluisi.
Esa relación profesional previa no constituye por sí sola una determinación de conflicto de interés. La sentencia emitida por la jueza tampoco aborda ese asunto. Sin embargo, formó parte de los señalamientos públicos alrededor de la composición del equipo legal que asumió la representación de DBR durante una etapa avanzada del pleito.
Lo que el tribunal no decidió
La sentencia aclara que el tribunal no resolvió si continúan vigentes las condiciones restrictivas establecidas en las escrituras de 1989 y 1995.
Tampoco determinó si es válida o nula la Escritura Núm. 3 de abril de 2025, mediante la cual David Efrón y las entidades desarrolladoras liberaron determinadas restricciones sobre los terrenos.
La jueza decidió que, independientemente de los méritos de esas controversias, DBR esperó demasiado para intentar hacer valer esas restricciones contra este proyecto.
La decisión descansa en la tardanza injustificada de DBR y en la contradicción entre su conducta anterior y la posición que asumió posteriormente ante el tribunal.
Una nueva realidad judicial
Hasta esta sentencia, el conocimiento previo de DBR y los intereses vinculados a los Stubbe formaba parte de las alegaciones y declaraciones juradas presentadas por la defensa.
Ahora esa cronología forma parte de las determinaciones de hechos no controvertidos adoptadas por el Tribunal de Primera Instancia.
La decisión deja sin efecto, en esta etapa, el intento de DBR por detener y demoler un proyecto de 171 habitaciones, financiado parcialmente por quince cooperativas puertorriqueñas y respaldado por fondos federales.
La pugna hotelera puede continuar en los tribunales apelativos, pero la primera adjudicación de la demanda presentada directamente por DBR concluyó con el rechazo total de sus reclamaciones y con señalamientos severos sobre la tardanza y la conducta de la propia demandante.
