SAN JUAN — El Gobierno de Puerto Rico no negó la existencia ni rebatió las conclusiones de los documentos que demuestran que la Junta de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas recibió asesoramiento legal favorable y advertencias económicas antes de aprobar la extensión del contrato de LUMA Energy. En cambio, solicitó al Tribunal Supremo que retire esos documentos del caso y elimine toda referencia a su contenido.
La AAPP y la Autoridad de Energía Eléctrica presentaron una oposición a la solicitud de LUMA para que el Supremo considere dos memorandos que, según la empresa, fueron omitidos por las propias entidades gubernamentales al presentar su demanda para invalidar la Carta-Extensión de 2022.
El primero es un memorando interno preparado por la gerencia de la AAPP sobre las consecuencias de no extender el periodo interino del contrato. El segundo es una opinión legal del 28 de noviembre de 2022, preparada para orientar a la Junta sobre los requisitos necesarios para aprobar la extensión.
La oposición del Gobierno confirma que ambos documentos existían, que fueron preparados para la Junta y que se utilizaron para informar su deliberación antes de votar. También reconoce que uno contenía un análisis económico y operacional, mientras el otro examinaba la legalidad del procedimiento.
Sin embargo, el Gobierno no intenta demostrar que la opinión legal sea falsa, incorrecta o fabricada. Tampoco rebate las advertencias administrativas sobre los costos, la incertidumbre operacional y las consecuencias que podía provocar no extender el acuerdo.
Su argumento es otro. Sostiene que el Tribunal Supremo no debe considerar los documentos porque no formaron parte del expediente ante el Tribunal de Primera Instancia y porque están protegidos por los privilegios abogado-cliente y deliberativo.
La posición coloca al Gobierno en una contradicción difícil de ignorar. Las mismas entidades que ahora demandan para declarar ilegal la extensión reconocen que, antes de aprobarla, recibieron una opinión jurídica y un análisis administrativo preparados específicamente para orientar esa decisión. Ahora pretenden que el Supremo determine la legalidad del acto sin examinar esos documentos.
La AAPP también utiliza la minuta pública de la reunión para destacar que los dos representantes del interés público se abstuvieron de votar. Pero intenta impedir que el Tribunal considere la opinión legal que explicaría por qué sus votos afirmativos no eran necesarios para aprobar la extensión.
El Gobierno quiere utilizar la parte del récord que favorece su nueva teoría y excluir el análisis jurídico que sustentó la actuación original de su propia Junta.
La oposición reconoce que los memorandos fueron preparados “exclusivamente para informar” la deliberación sobre si se debía extender el acuerdo suplementario. Esa admisión fortalece la importancia de los documentos y confirma que no se trata de comunicaciones ajenas o periféricas al proceso.
Se trata del análisis legal y administrativo que recibió el Gobierno antes de ejecutar la extensión que ahora impugna como ilegal.
La AAPP y la AEE también solicitan que el Supremo elimine del expediente toda discusión relacionada con los memorandos y que no considere ningún argumento de LUMA basado directa o indirectamente en ellos. Además, cuestionan la conducta ética de la empresa por obtener y divulgar documentos que el Gobierno considera privilegiados, aunque el escrito no demuestra cómo LUMA tuvo acceso a ellos.
El reclamo de privilegio y las reglas que limitan la presentación de documentos nuevos ante un tribunal apelativo serán evaluados por el Supremo. Sin embargo, esa controversia procesal no cambia una realidad ya reconocida por el propio Gobierno, los documentos existían y fueron utilizados para orientar la aprobación de la extensión.
La discusión tampoco ocurre en el vacío. El Gobierno sostiene actualmente que la Carta-Extensión fue ilegal, mientras Josué Colón, entonces director ejecutivo de la AEE, manifestó durante la reunión de 2022 que el proceso se realizaba conforme a las leyes vigentes. Posteriormente, Colón asumió la dirección de la AAPP y se convirtió en una de las figuras principales del pleito para invalidar aquella actuación.
La opinión legal y el memorando administrativo añaden otra capa a esa contradicción. No solamente existieron expresiones públicas sobre la legalidad de la extensión. La Junta también recibió asesoramiento jurídico y evaluó las consecuencias de no aprobarla antes de emitir su voto.
El Gobierno no está pidiendo al Supremo que examine esos análisis y concluya que estaban equivocados. Está pidiendo que no los examine.
La controversia dejó de limitarse a una interpretación técnica del contrato. Ahora también comprende qué información tuvo el Gobierno cuando aprobó la extensión, por qué no la incluyó al solicitar la intervención del Supremo y por qué intenta eliminarla después de que LUMA la presentó.
La oposición confirma que la decisión de 2022 no se tomó en ausencia de asesoramiento. La Junta conoció una opinión legal y recibió advertencias sobre las consecuencias de rechazar la extensión. Años después, las mismas entidades que participaron en aquel proceso procuran invalidarlo mientras solicitan que los documentos utilizados para tomar la decisión permanezcan fuera del caso.
El Tribunal Supremo tendrá que decidir si acepta el reclamo de privilegio y excluye los memorandos. Pero la contradicción política e institucional ya quedó expuesta. El Gobierno conocía los documentos, los utilizó para deliberar y ahora quiere que el máximo foro judicial resuelva sin considerarlos.
