La cancelación de un contrato para añadir generación temporera y las dificultades que interrumpieron el suministro de gas natural colocan bajo examen la estrategia energética de la administración de Jenniffer González Colón, mientras LUMA insiste en que los ajustes por combustible responden a costos de generación y requieren la aprobación del Negociado de Energía de Puerto Rico.
Las expresiones de la presidenta de LUMA, Janisse Quiñones, incorporan al debate una distinción fundamental sobre las responsabilidades dentro del sistema eléctrico. La empresa administra la transmisión y distribución, presenta los cálculos correspondientes a los ajustes y factura los cargos autorizados, pero no produce la electricidad ni aprueba las tarifas.
“LUMA no compra el combustible, LUMA no genera la electricidad y LUMA no decide estos aumentos”, afirmó Quiñones en un mensaje dirigido a los consumidores afectados por el costo del servicio.
Su explicación coloca la atención sobre las condiciones de la flota generatriz, el suministro de combustible y los resultados de las iniciativas gubernamentales para incorporar alternativas que reduzcan la dependencia de unidades más costosas.
Uno de los principales tropiezos fue el contrato con Power Expectations, que contemplaba añadir 400 megavatios de generación temporera en la central Aguirre. El acuerdo quedó cancelado en agosto, luego de que la Junta de Supervisión Fiscal retirara su aprobación en medio de cuestionamientos sobre las empresas participantes y el proceso de contratación.
La cancelación frustró esa vía para incorporar capacidad adicional a un sistema que continúa expuesto a fallas de sus unidades y a la necesidad de recurrir a generación más cara. También abrió una controversia sobre la evaluación de los proponentes y la intervención de las entidades gubernamentales responsables del proceso.
Durante las vistas legislativas, el encargado de la Oficina Independiente de Adquisiciones, Osvaldo Carlo Linares, sostuvo que la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas participaron en las negociaciones. Asimismo, declaró que personal del zar de Energía, Josué Colón Ortiz, estuvo involucrado en esos trabajos.
A ese episodio se sumaron las dificultades con el suministro de gas natural de New Fortress Energy. El tanquero Amur River finalmente entró a la bahía de San Juan el 13 de octubre, después de semanas de retrasos y controversias sobre su acceso al puerto.
Durante la interrupción del suministro, las unidades San Juan 5 y 6 tuvieron que utilizar diésel, una alternativa más costosa que el gas natural. El gobierno atribuye incumplimientos al suplidor y evalúa remedios contractuales, mientras la empresa rechaza esas imputaciones y sostiene que las dificultades estuvieron relacionadas con el acceso de las embarcaciones.
El Negociado ha indicado que los costos objeto de reclamación por deficiencias en el suministro no habían sido trasladados a los consumidores. Esa determinación distingue los gastos bajo disputa de los cargos incluidos en la tarifa vigente, aunque la controversia evidencia la vulnerabilidad del sistema cuando falla el abastecimiento de combustible.
Mientras ciudadanos y comerciantes protestan por sus facturas, las explicaciones de LUMA amplían la discusión hacia las decisiones que determinan cuánto cuesta producir electricidad. La administración González Colón y su zar de Energía enfrentan el escrutinio sobre los resultados de su estrategia, tras un contrato de generación cancelado y una crisis de suministro que obligó a operar con combustible más caro.
